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Deberán reportar número de empleados, sus capital, sus provecho o pérdidas antes de impuestos, los impuestos pagados y los provecho netos

La Unión Europea obligará a las internacionales a difundir cuántos impuestos abonan en cada país. La medida, que afectará a todas aquellas compañias de europa o filiales de compañías extranjeras que tengan un volumen de negocios neto consolidado de por lo menos 750 millones de euros al año, exigirá a las internacionales llevar a cabo públicos datos como el número de empleados, sus capital, sus provecho o pérdidas antes de impuestos, los impuestos pagados y los provecho netos.

Toda esta información tendrá que ser individual para cada país de la Unión Europea y también cuando la compañía tenga actividad en una jurisdicción incluida en las listas ‘negra’ y ‘gris’ de paraísos fiscales de la UE. Para el resto de todo el mundo, los grupos empresariales podrán enseñar la información de manera agregada.

La llegada geográfico de la medida fué exactamente el punto que ha dividido a los negociadores de la Eurocámara y de los Estados integrantes, representados por el gobierno de Portugal como presidencia de turno de la UE.

Las internacionales deberán reportar cuántos impuestos pagan

“Aunque lamentamos firmemente que el Consejo (los países) rechazaron una publicación país por país a escala mundial de manera desagregada, el acuerdo alcanzado es un paso sustancial para una más grande transparencia fiscal e integre una sucesión de actualizaciones”, ha relevante en un aviso el eurodiputado del PSOE Ibán García, uno de los dos negociadores de la Eurocámara.

Las internacionales deberán reportar cuántos impuestos abonan

El acuerdo, en todo caso, tiene dentro una cláusula de revisión según la cual se podrá cambiar dentro de 4 años tanto el umbral de capital (los 750 millones de euros en ingresos) como el ámbito geográfico en el que se aplican la demandas de transparencia. El Parlamento Europeo confía en que ayuda para endurecer las disposiciones pactadas este martes.

El origen de la iniciativa legislativa se remonta a abril de 2016 y se enmarca dentro de los esfuerzos de la Comisión Europea entonces presidida por Jean-Claude Juncker para responder a escándalos como el de los Papeles de Panamá o los acuerdos fiscales que países como Luxemburgo o Países Bajos pactaban con enormes firmas.

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