Trump desprotegió a los salvadoreños

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Más de 250 mil inmigrantes de la república centroamericana tienen un plazo de un año y medio para abandonar Estados Unidos o regularizar su situación por una vía distinta de la que ofrecía ese tratado.

El gobierno de Estados Unidos decidió ayer cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 250 mil inmigrantes salvadoreños, a quienes dará un plazo de 18 meses, hasta septiembre de 2019, para que abandonen el país o busquen una vía alternativa de regularización.

El diputado republicano Mario Díaz-Balart y el senador demócrata Bob Menéndez confirmaron que el presidente Donald Trump decidió no renovar el TPS.

Los legisladores mostraron su desacuerdo con la decisión después de que The Washington Post adelantara que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planeaba anunciar ayer que cancelaba el beneficio a los inmigrantes salvadoreños. Aunque el permiso no abría ninguna vía hacia el status legal permanente en Estados Unidos ni una vía a la ciudadanía, la decisión de ayer pone contra las cuerdas cualquier esperanza que tuvieran los migrantes de lograr una solución permanente a su situación, por la que se han visto forzados a ir renovando la concesión.

“Nos hemos quedado sin palabras y nadie dice qué nos pasará después”, dice desconcertada Berta Soledades, salvadoreña beneficiaria de TPS a las puertas de la Casa Blanca, donde ayer acudió junto a decenas de inmigrantes a rechazar la cancelación de la medida, aunque aún no ha asimilado la decisión oficial. En 1997, las condiciones sociales de El Salvador la empujaron a abandonar su país, al que ya no quiere regresar tras haber construido una vida en Estados Unidos, donde tuvo dos hijas y ha contribuido con el pago de impuestos. “No estamos aquí gratis”, reivindica Soledades. Afectada junto a otros 260.000 salvadoreños más, ella considera que tienen derecho a una “residencia permanente” y comenta que no cejarán en su empeño y continuarán luchando por conseguirlo. Tras más de dos décadas en el país, lo que le preocupa no es su situación, sino la de su hija de 8 años, nacida en territorio estadounidense, en caso de que su madre fuera deportada.

El DHS justifica la decisión en que “ya no existen las condiciones originales causadas” por los devastadores terremotos de 2001 en El Salvador, la razón por la que se otorgó esta protección a un total de 263.282 salvadoreños hasta finales de 2016. El vocero del DHS, al ser consultado por si se consideraron los altos niveles de violencia en el país centroamericano a la hora de tomar la decisión, la razón que alegaban los activistas para pedir su prórroga, subrayó que sólo se tuvieron en cuenta los aspectos por los que se concedió el TPS y ningún otro.

El gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes venían batallado sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga por seis meses, como se hizo para los hondureños.

Sin embargo, la administración de Trump decidió aplicar la línea dura migratoria prometida por el presidente en la campaña electoral y terminar con el programa para los salvadoreños, como ya hizo con los nicaragüenses y los haitianos.

Lindolfo Carvallo, de la asociación CASA, ciudadano estadounidense, llegó al país en 1990 desplazado por la guerra civil en El Salvador y se acogió al TPS hasta 1997. Desde su llegada, Carvallo aportó trabajo y esfuerzo para contribuir a la sociedad estadounidense y hoy busca apoyar a aquellos inmigrantes que tienen necesidades parecidas a las que él vivió en el momento de entrada al país. Un hijo de 14 años y otro de apenas 4, ambos estadounidenses, son el legado de Carvallo, que se indigna con las políticas migratorias del presidente, Donald Trump, a pesar de no tener que afrontar el tortuoso procedimiento que tendrán que seguir muchos de sus compatriotas.

“Todos tenemos derecho a vivir aquí y que lo hagamos no debería ser un acto de suerte”, afirmó Carvallo, que multiplica los aspavientos a medida que califica las decisiones de Trump en materia de inmigración. Para él, el Gobierno Trump trata a los inmigrantes “peor que a los animales” después de cancelar los TPS de Haití, Nicaragua y El Salvador y el programa de Acción Diferida (DACA), que protegía de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país.

También de El Salvador es Jaime Contreras, sindicalista que llegó a Estados Unidos como indocumentado en 1888 para terminar sirviendo al ejército estadounidense entre 1994 y 1997. Calificó de “vergüenza” la opción de Trump, y llamó a los salvadoreños a no olvidarse de renovar el TPS mientras intentan que los legisladores estadounidenses busquen una solución permanente. Contreras también llamó a que se movilicen en las urnas en las elecciones legislativas del presente año todos los afectados, directa o indirectamente, por la política migratoria de Trump.

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