Tensión en Chile: exigen el fin de la impunidad a 45 años del golpe de Pinochet

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Una multitudinaria manifestación por la reciente liberación de ex agentes de la dictadura fue reprimida por carabineros en Santiago.

Miles de personas marcharon ayer en Chile a 45 años del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, exigiendo a gritos el fin de la impunidad tras la liberación de exagentes de la dictadura encarcelados por violaciones a los derechos humanos.

Fotografías en blanco y negro con los rostros de asesinados y desaparecidos por la dictadura, encabezaron esta tradicional marcha que año a año se dirige hacia el cementerio general de Santiago donde concluye a los pies de un memorial en el que se inscribieron los nombres de las víctimas de la cruenta dictadura que comenzó el 11 de septiembre de 1973.

Hace 45 años, fuerzas militares a la cabeza de Pinochet bombardearon el palacio de La Moneda donde se suicidó el entonces presidente socialista Salvador Allende, consumándose un golpe militar que dio paso a una dictadura de 17 años que marcó a fuego a Chile, no sólo por la violencia que desató sino también por la herencia política y económica que dejó.

“Seguimos luchando por verdad y justicia”, indicaba uno de los enormes lienzos junto a las fotografías de los desaparecidos que portaron familiares de las víctimas del régimen que marcharon desde la Alameda, la principal arteria de la capital chilena, hasta el cementerio. Banderas rojas del Partido Comunista y gritos en contra de Pinochet también acompañaron la marcha.

Luego de poco más de dos horas, la manifestación llegó al cementerio donde se produjeron disturbios menores que fueron controlados por la Policía chilena.

“¡No a la impunidad! ¡No a la Impunidad!” fue el grito que se repitió entre la multitud, enardecida luego que en julio pasado la Corte Suprema chilena acogió el pedido de libertad provisional de siete exagentes de la dictadura encarcelados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos un excoronel condenado por la muerte de tres ciudadanos uruguayos.

Sumado a esto, el presidente derechista Sebastián Piñera había otorgado en abril un indulto al excoronel René Cardemil, condenado a 10 años de cárcel por el asesinato de 6 personas, una de ellas un funcionario del FMI en 1973. Cardemil murió de cáncer antes de gozar del beneficio otorgado por Piñera.

“La campaña de impunidad que ha montado Sebastián Piñera con algunos jueces de la Corte Suprema ofende la memoria de miles de chilenas y chilenos asesinados”, declaró Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, durante la marcha.

Los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1990) -en su mayoría militares retirados de avanzada edad- purgan sus penas en el penal de Punta Peuco, un exclusivo recinto carcelario en el norte de Santiago donde los internos gozan de beneficios que no tiene el resto de la población penal chilena.

Diputados de oposición presentaron la semana pasada una acusación constitucional contra los magistrados que liberaron a los exagentes, con el fin de determinar su responsabilidad política y revertir los fallos.

Según el poder Judicial, los exagentes accedieron a la libertad condicional porque la legislación chilena no niega ese beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó los fallos y recordó que en casos de crímenes de lesa humanidad, recomienda a los tribunales abstenerse de suprimir sentencias.

Investigación canónica acredita abusos
La investigación canónica por los casos de abusos sexuales ocurridos en el seno de la Congregación de Hermanos Maristas en Chile concluyó y verificó la verosimilitud de las acusaciones, informó el organismo en un comunicado. Los casos investigados abarcarían desde los años 1970 hasta más allá del 2000.

“Recientemente hemos sido informados por el padre David Albornoz”, el sacerdote salesiano que inició la investigación por denuncias de abusos sexuales a mediados de enero “que las investigaciones que conducían han llegado a su término, excepto en un caso, que se resolvería en los próximos días”, afirmó el comunicado.

“En total fueron investigados siete religiosos, y en los informes correspondientes, se encontró verosimilitud en los relatos de los denunciantes, así como también se descartaron algunos de los testimonios, por su inconsistencia”.

Una vez finalizada la investigación, los informes y datos de la misma junto con las recomendaciones de las acciones a seguir serán enviados a la jerarquía del instituto religioso a Roma para que tomen las medidas necesarias. Posteriormente se enviarán al Vaticano, para que las validen, añadió el organismo religioso.

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