¿Qué puede pasar con Lula a partir de ahora?

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La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) esta madrugada de rechazar el pedido de habeas corpus preventivo de Luiz Inacio Lula da Silva abrió muchos interrogantes sobre qué puede pasar ahora con el expresidente brasileño, condenado ya en segundo grado a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero.

Apelación ante la corte de segunda instancia

Aunque el 24 de enero el Tribunal Federal Regional de la 4ª región (TRF-4), en Porto Alegre, ya ratificó la condena contra Lula expedida por el juez federal Sergio Moro, en Curitiba, y luego, el 26 de marzo, la misma corte rechazó los recursos (embargos de declaración) que presentó la defensa del expresidente al pedir los fundamentos de los tres magistrados que confirmaron la sentencia, los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) aún pueden apelar al TRF-4. Se trata de un recurso llamado “embargo de los embargos”, pero que son considerados apenas una medida dilatoria y que normalmente son negados de forma rápida. El plazo para presentar ese recurso termina el próximo lunes 9 de abril. El proceso en segunda instancia sólo puede ser considerado totalmente terminado cuando se defina esta posibilidad de apelación.

Orden de detención

Aunque lo común es que el juez de primera instancia que debe emitir la orden de detención del condenado aguarde hasta que la corte de apelaciones publique su decisión final sobre un proceso al que le caben recursos, en teoría, con el habeas corpus preventivo rechazado por el STF, Moro podría ya ordenar el arresto de Lula. Dada la importancia política del reo y la sensibilidad social del caso, lo más probable es que el juez de Curitiba espere hasta que se resuelvan todas las cuestiones jurídicas y administrativas; esos trámites durarían en torno a diez días.

Otros recursos

Una vez dada la orden de detención por el juez Moro, los abogados de Lula podrían presentar nuevos recursos de habeas corpus tanto ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) como ante el STF, esta vez no de carácter preventivo sino para levantar una medida que consideran ilegal o producto de un abuso de poder. Asimismo, cabe a la defensa luego presentar apelaciones de la condena también ante el STJ y el STF si se alega que en el proceso judicial se violaron leyes federales (recurso especial ante el STJ) o principios amparados en la Constitución (recurso extraordinario ante el STF). Más allá de estas vías domésticas, los abogados del exmandatario apuntaron que podrían recurrir a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, por considerar que en Brasil se violan derechos fundamentales de su cliente.

La cárcel

Hasta el momento no ha sido revelado el lugar donde Lula quedaría eventualmente confinado, aunque todo apunta a que quede preso en el Complejo Médico Penal de Pinhais, en las afueras de Curitiba, donde cumplen sus penas varios otros políticos y empresarios condenados como consecuencia de las investigaciones anticorrupción de la Operación Lava Jato. La preocupación mayor de las autoridades judiciales es cómo será el operativo para detener al popular expresidente; se buscará evitar que el arresto genere disturbios o enfrentamientos con sus simpatizantes y se quiere garantizar la seguridad del líder del PT. La dirigencia petista, sin embargo, ha evaluado diferentes maneras de entorpecer el cumplimiento de una eventual orden de detención, que incluyen hasta la formación de “escudos humanos” para proteger físicamente a Lula.

Preso político

Para la cúpula del PT, todo el juicio contra Lula por el departamento tríplex de Guarujá que recibió de la constructora OAS ha sido una farsa ilegal montada por intereses políticos y económicos, en la que se condenó al expresidente sin pruebas con el objetivo de sacarlo de la contienda electoral hacia los comicios de octubre, para los que era el gran favorito. Cuando Lula sea encarcelado, se reforzará la idea de que se trata de un “preso político” y se convocará a una movilización permanente de la militancia petista para presionar a la Justicia a liberarlo.

Candidatura

Independientemente de si Lula vaya preso o no en el corto plazo, el PT ha insistido en que lo registrará ante las autoridades electorales como su candidato para las elecciones de octubre. La anotación de las candidaturas oficiales deberá ser realizada en agosto y mientras tanto el PT podrá hacer campaña por su candidato (esté libre o tras las rejas). Sin embargo, la ley electoral -a través de la llamada Ley de Ficha Limpia- no permite que una persona ya condenada en segunda instancia por un órgano colegiado (como es el caso de Lula) sea candidato a un cargo electivo. Por lo tanto el Tribunal Superior Electoral (TSE) debería inhabilitar esa candidatura cuando sea efectivizada por el PT. El partido tendrá entonces las opciones de abstenerse de participar de los comicios (con la lógica de su grito de que “una elección sin Lula es fraude”), presentar una candidatura propia alternativa (se barajan los nombres del exalcalde de la ciudad de San Pablo Fernando Haddad y del exgobernador del estado de Bahía Jaques Wagner), o apoyar/sumarse a una de las candidaturas ya lanzadas de alguna otra fuerza de izquierda aliada (como el Partido Democrático Laborista, el Partido Comunista de Brasil o el Partido Socialismo y Libertad).

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